miércoles, 29 de julio de 2015

Es tiempo de poner fin a las represalias televisadas contra defensores de derechos humanos en Venezuela

22 de julio de 2015. Ginebra / Washington, D.C. - Un grupo de expertos de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos* lamentó hoy los intentos por desacreditar e intimidar a defensores de derechos humanos en la televisión controlada por el Estado de Venezuela, en represalia por sus actividades en materia de derechos humanos y su cooperación con Naciones Unidas y organismos regionales de derechos humanos.
"Es hora de poner fin a este vergonzoso acoso televisado de activistas de derechos humanos en Venezuela", dijeron los expertos. "Condenamos lo que se ha convertido en un patrón claro para intimidar y difamar a defensores de derechos humanos sólo por promover los derechos humanos en su país y participar con organismos internacionales y regionales de derechos humanos".
Los expertos llamaron la atención al ataque sistemático de los defensores de derechos humanos a través del programa televisivo semanal  'Con el Mazo Dando", transmitido por el canal del estadoVenezolana de Televisión, que incluye la divulgación y publicación de información personal en la página Web del programa. El mismo es conducido por el Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, quien sale al aire haciendo acusaciones contra activistas de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, con el aparente fin de intimidarlos.
Los expertos pusieron de manifiesto que los organismos de derechos humanos de la ONU y el Sistema Interamericano están encargados de supervisar la conducta de Venezuela respecto del cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. En este sentido, el Gobierno tiene que respetar y defender la participación activa de defensores de derechos en los procedimientos y las actividades en los órganos internacionales y regionales de derechos humanos. "Cualquier acción realizada para evitar o menoscabar la relación de defensores y defensoras con los órganos regionales o internacionales, sea al aire o no, contraviene directamente el Derecho Internacional de los Derechos Humanos", subrayaron.
"Hacemos un llamado a las autoridades venezolanas a cesar inmediatamente los ataques contra defensores de derechos", dijeron. "Los defensores y las defensoras de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil deben ser capaces de llevar a cabo su trabajo en materia de derechos humanos y cooperar libremente y con seguridad con los mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos sin temor a intimidación y represalias".

Tres incidentes recientes de represalias televisadas injustificables
El 11 de febrero y el 18 de marzo de 2015, varios defensores de derechos humanos y sus organizaciones fueron señalados y difamados en “Con el Mazo Dando”, antes y después de su participación en las audiencias sobre Venezuela ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su sede en Washington, D.C., en marzo de 2015. A su regreso a Venezuela, fueron perseguidos y fotografiados en el aeropuerto sin su consentimiento. Más tarde, el 13 de mayo de 2015, el programa compartió públicamente los detalles de los itinerarios y encuentros privados previstos por defensores de derechos humanos.
El programa de televisión continuó señalando a defensores de derechos humanos tras su participación en la sesión de junio de 2015 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, donde se examinaba el caso de Venezuela en Ginebra. Algunas organizaciones fueron también falsamente acusadas en Twitter por el Director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, William Castillo, por haber recibido fondos internacionales para difundir información negativa sobre Venezuela. Estas acusaciones fueron repetidas posteriormente por varios altos funcionarios del gobierno venezolano.
El 01 de julio de 2015, citando de 'patriotas cooperantes', el programa hizo comentarios despectivos contra varios miembros de la sociedad civil y sus organizaciones tras su colaboración con el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas durante la revisión del cuarto informe periódico de Venezuela los días 29 y 30 de junio en Ginebra.

(*) Expertos de la ONU: Michel Forst, Relator Especial sobre la situación de los defensores de los Derechos Humanos; David Kaye, Relator Especial sobre la promoción y la protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; y Maina Kiai, Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación. Los expertos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos: José de Jesús Orozco, Relator sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos; y Edison Lanza, Relator Especial sobre Libertad de Expresión.

Los Relatores Especiales y Grupos de Trabajo forman parte de los ‘Procedimientos Especiales’, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, que reúne a los mecanismos de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su labor. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que deriva su mandato de la Carta de la  OEA y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana está encargada de promover respeto a los derechos humanos en la región y actúa en calidad de órgano consultivo de la OAS en esta área. La Comisión está integrada por siete miembros independientes elegidos en título personal por la Asamblea General de la OAS y que de desempeñan en forma personal.

English Version


GENEVA / WASHINGTON, DC (22 July 2015) – A group of United Nations and Inter-American human rights experts* deplored today the attempts to discredit and intimidate human rights defenders on Venezuela’s State-controlled television, in retaliation for their human rights activities and cooperation with United Nations and regional human rights bodies.
“It’s high time to pull the plug on this shameful and televised harassment of rights activists in Venezuela,” the experts said. “We condemn what has become a clear pattern to intimidate and defame human rights defenders for merely promoting human rights in their country and for engaging with international and regional human rights bodies.”
The experts drew attention to the systematic targeting of human rights defenders through the weekly TV programme ‘Con el Mazo Dando’, transmitted by the state networkVenezolana de Televisión, including by publishing personal information on its website. The programme is hosted by the President of the Venezuelan National Assembly, Diosdado Cabello, who goes on air to make accusations against rights activists and civil society organisations with an apparent aim to intimidate them.
The experts recalled that the United Nations and Inter-American human rights bodies are charged to monitor Venezuela’s implementation of its international and regional human rights obligations, and as such the Government is bound to respect and defend the participation by rights activists in those proceedings. “Any act to thwart such engagement, be it on- or off-air, directly contravenes international human rights law,” they stressed.
“We call on the Venezuelan authorities to immediately cease the targeting of rights activists,” they said. “Human rights defenders and civil society organisations must be able to carry out their human rights work and cooperate freely and safely with international and regional human rights mechanisms without fear of intimidation and reprisals.”

Three recent incidents of unjustifiable televised reprisals

On 11 February and 18 March 2015, several human rights defenders and their organisations were named and slandered on ‘Con el Mazo Dando’ before and after their participation in the hearings about Venezuela before the Inter-American Commission of Human Rights in Washington DC in March 2015. On their return to Venezuela, they were followed and photographed at the airport without their consent. Later on 13 May 2015, the programme publicly shared the details of travel itineraries and private meetings planned by human rights defenders.

The TV-show continued to target human rights defenders following their participation in the June 2015 session of the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights examining Venezuela in Geneva. Some organisations were also falsely accused on Twitter by the managing director of the National Telecommunications Commission, William Castillo, for having received international funds for the purpose of spreading negative information about Venezuela. These accusations were subsequently repeated by various high-ranking officials of the Venezuelan Government.

On 1 July 2015, quoting from ‘cooperating patriots’, the programme singled out and made disparaging remarks against various civil society members and their organisations following their collaboration with the United Nations Human Rights Committee, during its review of the fourth periodic report of Venezuela on 29 and 30 June in Geneva.

(*) The UN experts: Michel Forst, Special Rapporteur on the situation of human rights defenders;David Kaye, Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression; and Maina Kiai, Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association. The Inter-American human rights experts: José de Jesús Orozco, Rapporteur on Human Rights Defenders; and Edison Lanza, Special Rapporteur on Freedom of Expression.

The UN Special Rapporteurs are part of what is known as the Special Procedures of the Human Rights Council. Special Procedures, the largest body of independent experts in the UN Human Rights system, is the general name of the Council’s independent fact-finding and monitoring mechanisms. Special Procedures mandate-holders are independent human rights experts appointed by the Human Rights Council to address either specific country situations or thematic issues in all parts of the world. They are not UN staff and are independent from any government or organization. They serve in their individual capacity and do not receive a salary for their work.

Inter-American Commission on Human Rights is an autonomous body of the Organization of American States (OAS), which derives its mandate from the OAS Charter and the American Convention on Human Rights. The Inter-American Commission has a mandate to promote respect for human rights in the region and acts as a consultative body to the OAS in this area. The Commission is composed of seven independent members who are elected in an individual capacity by the OAS General Assembly and who do not represent their countries of origin or residence.


lunes, 27 de julio de 2015

SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SALUD PARA PERSONAS TRANS


Comparto con ustedes esta excelente noticia.  


PLAFAM OFRECE 

SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SALUD PARA PERSONAS TRANS


El acceso a servicios de salud integral es tu derecho y responsabilidad.

Aunque sabemos que las personas trans, transgénero o transexuales son frecuentemente incomprendidos/as y pueden ser víctimas de discriminación, rechazo o maltrato inadvertido, es muy importante atender a todos tus chequeos regulares para asegurar tu bienestar. Desde PLAFAM trabajamos por servicios de salud libres de discriminación para que puedas tener acceso a:
- Control Ginecológico
- Control Urológico
- Control Endocrino
- Cuidados Preventivos
- Salud Mental
 ¿Sabías que existen diferentes maneras de aliviar el sufrimiento que surge de la contradicción entre tu sexo biológico y tu género?
 - Apoyo Psicológico
- Terapia Hormonal para la Feminización
- Terapia Hormonal para la Masculinización
- Cirugías para la Afirmación del Género
No importa cómo es tu proceso de transición, tienes derecho a recibir atención de salud libre de discriminación que promueve el cumplimiento de las Normas de Atención.
En PLAFAM reconocemos y defendemos tu derecho a recibir este estándar de cuidado, por eso en nuestras sedes te ofrecemos:
- Sesiones de orientación para atender tus dudas
- Consultas de Ginecología y Urología
- Referencias a servicios especializados como: endocrinos y cirujanos
- Cartas de derivación para diversos tratamientos
- Servicios de laboratorio 
- Apoyo Psicológico
- Red de médicos/as y otros/as especialistas con experiencia de trabajo con personas trans para diferentes referencias que puedas necesitar

Ubicación:

PLAFAM PETARE

Dirección: Calle la Paz, Casco Colonial, Calle Madeleine (detrás del Peréz de León)
Teléfono: +58 (212) 2778544/ 2710244

PLAFAM ALTAGRACIA

Dirección: Av. Este, entre esquinas Jesuita y Maturín, Altagracia, Caracas.
Teléfono: +58(212).5647023/ 4101/ 9824/ 5620153

PLAFAM LAS ACACIAS

Dirección: Avenida Minerva, Caracas, Venezuela
Teléfono: +58 212-6935262 ‎212-6938323 212-6938830

PLAFAM GUARENAS

Dirección: Avenida Principal de Guarenas. C.C. Miranda, Torre Central, Piso 2, Urb. Menca de Leoni.
Teléfono: + 58 212-3626542‎

viernes, 24 de julio de 2015

Recomendaciones de la CIDH y la ONU a Venezuela. ¿qué hacemos?


La Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos emitió una recomendación al estado venezolano en junio de 2015. Esta luego de la audiencia solicitada por la Red LGBTI ante esa instancia interamericana, la cual tuvo lugar el 17 de marzo. Esta es la recomendación:
“La CIDH insta al Estado a adoptar una ley de identidad de género no patologizante; a investigar con debida diligencia los delitos cometidos contra personas LGBT, y a profundizar las medidas estatales, incluyendo a través de políticas públicas en favor de personas LGBT, y sus defensores.”

Por otro lado, Venezuela acaba de pasar una temporada de evaluaciones ante la Organización de Naciones Unidas. El estado luego de años sin presentar informes debió ponerse al día con los mismos. De esta manera, en el 2011 el estado entregó informes para el Examen Periódico Universal (EPU); posteriormente para: a) Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial; b) Convención contra la Tortura; c) Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; d) Convención de los Derechos del Niño; e) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;  f) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Organizaciones de protección de niños, niñas y adolescentes proporcionaron información valiosa sobre la discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género.  Algunas agrupaciones de derechos LGBTI en Venezuela enviaron informes para el examen sobre la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW). La organización Venezuela Diversa envió información para el comité del PIDESC; mientras que la Red LGBTI de Venezuela envió información sobre la situación de Derechos Humanos de personas LGBTI para el Comité de Derechos Humanos sobre el PIDCP.   

El Comité de los Derechos del Niño emitió las siguientes recomendaciones al estado luego de la evaluación de los informes del tercero al quinto:
Principios generales (arts. 2, 3, 6 y 12)
                        No discriminación
El Comité toma nota con satisfacción de la aprobación de la Ley Orgánica contra la Discriminación Racial en 2011 y de otras leyes encaminadas a proteger los derechos de los pueblos indígenas. También acoge con agrado la aprobación en 2009 de la Ley Orgánica de Educación, que incluye una disposición sobre la no discriminación. Sin embargo, el Comité está preocupado por las informaciones según las cuales esos adelantos jurídicos no se han traducido en una mayor protección de los niños, niñas y adolescentes contra la discriminación. Lamenta también la falta de información sobre las medidas adoptadas para luchar contra la discriminación por motivos de sexo, orientación sexual, identidad de género y discapacidad, así como la discriminación de los niños, niñas y adolescentes que viven con el VIH/SIDA. En ese sentido, el Comité está especialmente preocupado por la persistencia de actitudes patriarcales y estereotipos de género que discriminan a las niñas y por la falta de medidas adecuadas para hacer frente a esta situación. El Comité también está preocupado por las informaciones sobre casos de intimidación y discriminación de niños, niñas y adolescentes a causa de su orientación sexual o identidad de género.

El Comité recomienda al Estado parte que adopte todas las medidas necesarias para:
            a)         Lograr que los adelantos jurídicos y políticos en la lucha contra la discriminación racial y étnica se traduzcan en una mayor protección de los derechos del niño y llevar a cabo una evaluación de la aplicación de leyes, políticas y programas, con utilización de indicadores, para medir los logros;
            b)        Eliminar las actitudes patriarcales y los estereotipos de género que discriminan a las niñas, en particular poniendo en práctica programas de educación y concienciación;
            c)         Prevenir todas las formas de discriminación, incluida la discriminación por motivos de orientación sexual, identidad de género y discapacidad, y garantizar en la legislación y en la práctica que ese tipo de discriminación esté prohibido y sea debidamente sancionado;
            d)        Establecer un mecanismo de denuncia eficaz que siga de cerca y resuelva los casos de discriminación en los centros educativos, centros de internamiento de menores, instituciones de cuidado alternativo y todos los demás entornos.

El Comité reitera su recomendación al Estado parte (CRC/C/VEN/CO/2, párr. 63) de que vele por la eliminación de todas las formas de discriminación de los niños, niñas y adolescentes que viven con el VIH/SIDA.
  
Adicionalmente, el comité para la eliminación de todas las formas  de discriminación contra la mujer luego de la evaluación del informe conjunto séptimo y octavo, emitió la siguiente observación y recomendación:
Grupos desfavorecidos de mujeres
El Comité lamenta la falta de medidas eficaces orientadas a combatir la discriminación y la violencia que afrontan los grupos desfavorecidos de mujeres, como son las mujeres indígenas y afrodescendientes, las mujeres migrantes, las mujeres de edad y las mujeres con discapacidad, así como las mujeres lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales y otras mujeres que afrontan formas múltiples y entrecruzadas de discriminación. (Subrayado nuestro).
El Comité recomienda que el Estado parte adopte las medidas oportunas para atender las necesidades particulares de los grupos desfavorecidos de mujeres. El Estado parte debería facilitar información detallada y datos desglosados en su próximo informe periódico sobre la situación de estas mujeres y las medidas adoptadas para atender sus necesidades específicas.

Por su parte, el Comité de derechos económicos, sociales y culturales de la Organización de Naciones Unidas, luego de la evaluación del tercer informe del estado venezolano sobre la implementación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC),  también en el mes de junio emitió la siguiente resolución: 
“El Comité recomienda al Estado parte que agilice la elaboración y adopción de una legislación que garantice una protección suficiente contra la discriminación de conformidad al artículo 2 del Pacto, y que incluya todos los motivos de discriminación, incluyendo cualquier otra condición social, como orientación sexual e identidad de género. …”

Finalmente, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas evaluó el cuarto informe del estado venezolano sobre la implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos a partir del cual elaboró la siguiente recomendación:

“El Estado parte debe redoblar sus esfuerzos para combatir los estereotipos y prejuicios contra las personas LGBTI y garantizar que se prevengan los actos de discriminación y se investiguen, procesen y sancionen con penas apropiadas a quienes sean responsables de los actos de violencia en su contra de manera eficaz. Asimismo, el Estado parte debe examinar la posibilidad de adoptar una legislación amplia e integral de lucha contra la discriminación que la prohíba y prevea una definición que contenga una lista comprensiva de motivos de discriminación, incluyendo la orientación sexual y la identidad de género.”

 ¿Y que hacemos ahora con esta información?   

Corresponde a las organizaciones que trabajan por los derechos de personas LGBTI hacer el seguimiento correspondiente a fin de velar por que el estado cumpla con la implementación de todas estas recomendaciones, las cuales deben hacerse efectivas en un plazo máximo de tres años.  
Debemos organizarnos de manera tal que podamos exigir al Estado el cumplimiento de los compromisos asumidos al ser firmante y garante de todos los pactos y convenios establecidos por la Organización de Naciones Unidas.

 ¡Manos a la obra!   

Para leer los informes, aquí les dejo los enlaces.

Informes de Observaciones Finales de los exámenes presentados por el Estado en el período 2013-2015:
a)      Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD%2fC%2fVEN%2fCO%2f19-21&Lang=es
c)       Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fVEN%2fCO%2f7-8&Lang=es
e)      Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=EC.12%20VEN%20CO%203&Lang=es

Estado venezolano debe crear ley antidiscriminación amplia e integral

Comité de Derechos Humanos

Observaciones finales sobre el cuarto informe periódico de la República Bolivariana de Venezuela*

1.            El Comité de Derechos Humanos examinó el cuarto informe periódico presentado por la República Bolivariana de Venezuela (CCPR/C/VEN/4) en sus sesiones 3164ª, 3165ª y 3166ª (CCPR/C/SR.3164, 3165 y 3166), celebradas los días 29 y 30 de junio de 2015. En sus sesiones 3191ª y 3193ª (CCPR/C/SR.3191 y 3193), celebradas los días 20 y 21 de julio de 2015, aprobó las observaciones finales que figuran a continuación.

Presuntos actos de discriminación y violencia por motivos de orientación sexual o identidad de género
8.            El Comité reconoce la labor de la Defensoría del Pueblo en relación con los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI). Sin embargo, le preocupan las informaciones sobre la discriminación y los actos de violencia, incluyendo asesinatos, que sufren estas personas debido a su orientación sexual o identidad de género (arts. 2, 6, 7 y 26).

El Estado parte debe redoblar sus esfuerzos para combatir los estereotipos y prejuicios contra las personas LGBTI y garantizar que se prevengan los actos de discriminación y se investiguen, procesen y sancionen con penas apropiadas a quienes sean responsables de los actos de violencia en su contra de manera eficaz. Asimismo, el Estado parte debe examinar la posibilidad de adoptar una legislación amplia e integral de lucha contra la discriminación que la prohíba y prevea una definición que contenga una lista comprensiva de motivos de discriminación, incluyendo la orientación sexual y la identidad de género.





                *               Aprobadas por el Comité en su 114 período de sesiones (29 junio a 24 de julio de 2015).

Lamentan falta de derechos para homosexuales en Venezuela


Lamentan falta de derechos para homosexuales en Venezuela 

Notimex 13.07.2015 - 11:04h La negativa a reconocer las uniones o matrimonios entre personas del mismo sexo, o el silencio ante las denuncias de discriminación, hacen de Venezuela uno de los países más homofóbicos de la región, advirtió la activista Quiteria Franco. "Venezuela sencillamente es un Estado homofóbico, las instituciones son homofóbicas, esta es una situación institucional y no podemos calificarla de otra manera", lamentó hoy la dirigente del grupo Unión Afirmativa en diálogo con Notimex. Franco señaló que uno de los mayores problemas ha sido que, contrario a lo que sucede en el resto del hemisferio, en Venezuela el Estado ha asumido una postura inmovilista de negarse a reconocer los matrimonios del mismo sexo. "Si se viera un mapa de toda América, se notaría que sólo quedan tres países donde no hay ningún reconocimiento, de ningún tipo de las parejas del mismo sexo, uno de ellos es Venezuela, los otros dos son Bolivia y creo que Panamá", aseguró. Franco, catedrática de la pública Universidad Simón Bolívar (USB), subrayó que a esto se suma la marcada discriminación contra las personas del colectivo de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (LGBT). Al respecto, citó como ejemplo que "en una audiencia reciente ante las Naciones Unidas la fiscal general Luisa Ortega Díaz dijo que 43 por ciento de los casos de discriminación que reciben tienen que ver con personas LGBT". Los casos de discriminación han llevado a que numerosos activistas y organizaciones hayan exhortado a aprobar una ley contra crímenes de odio, pero nuevamente el Estado ha preferido guardar silencio, añadió Franco. El presidente de la Asamblea Nacional (Congreso unicameral), el oficialista Diosdado Cabello, reconoció recientemente que el poder Legislativo podría aprobar el matrimonio igualitario, aunque sin dar mayores detalles. Sin embargo, Franco atribuyó estas declaraciones a las secuelas causadas por el reciente reconocimiento del matrimonio homosexual en Estados Unidos y otros países, algo que habría aumentado la "presión" sobre Venezuela. Asimismo, las declaraciones de Cabello podrían ser contextualizadas en la campaña electoral de cara a los cruciales comicios legislativos que se celebrarán en diciembre, ya que previamente el oficialismo evitó legislar sobre esta materia. Franco lamentó que dentro de la oposición, sólo el detenido dirigente Leopoldo López se ha pronunciado en favor del matrimonio igualitario, lo que demuestra que la clase política venezolana "no ha estado a la altura" del debate. "Existe el temor de que si un político habla abiertamente de su apoyo a las personas LGBT y sus derechos pues va a perder popularidad, pero yo creo que la sociedad está mucho más preparada que la dirigencia política", resaltó Franco.

Ver más en: http://www.20minutos.com.mx/noticia/b301103/lamentan-falta-de-derechos-para-homosexuales-en-venezuela/#xtor=AD-1&xts=513356

lunes, 6 de julio de 2015

Blog "Mi escritorio" recibe reconocimiento

El pasado 1 de julio de 2015 se hizo entrega de los premios a los blogueros ganadores d ela segunda edición del concurso "Versiona tu blog" del diario Versión Final.  Lamentablemente no pude asistir a la premiación por encontrarme fuera del país pero me siento muy agradecida de haber sido premiada con tal distinción. Gracias. Comparto el correo que me enviaron. 

Saludos blogueros 

Queremos anunciar por esta vía los ganadores seleccionados por el jurado conformado por los profesores de la Universidad del Zulia Jesús Urbina y Diana Fuenmayor, los periodistas David Padilla y Daniela Rincón (Directora web de Versión Final), que luego de deliberar las cualidades y fortalezas de cada blog inscrito en la 2da Edición de Versiona Tu Blog dieron como ganadores a los siguientes concursantes:

Jurado: 
Primer lugar
Domus Ecclessia de Rixio Gerardo Portillo Ríos

Segundo Lugar 
Geología venezolana‎ de Rafael A. Rodríguez Ch.

Tercer lugar
Crónicas de Miffi‎ de Miriam López 


Mención reconocimiento por parte del jurado:
Mi escritorio de Quiteria Franco

Votación del público: 

Béisbol adentro de Adonis Marcano Domínguez
Votos: (21%, 32.214 Votes)

Mundo de Letras de José Gregorio Marcano Lunar
Votos: (17%, 26.221 Votes)

Entérate Qué Pasa 
Votos: (16%, 24.286 Votes)

Los premios a los seleccionados por el público y el jurado, así como el reconocimiento con diploma al blog "Mi escritorio", serán entregados el 1ro de julio en el salón de usos múltiples del Centro Comercial Sambil Maracaibo a las 2:30 pm, junto a un acompañante.


domingo, 5 de julio de 2015

Naciones Unidas recomienda a Venezuela legislar contra discriminación por orientación sexual e identidad de género


Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas examinó el Tercer Informe presentado por el Estado venezolano, sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, celebrado el pasado 02 y 03 de junio en sus sesiones 24 y 25 y aprobó en su 50ª sesión, celebrada el 19 de junio de 2015, las siguientes observaciones finales. El Informe está dividido en dos secciones: aspectos positivos y los aspectos que son motivo de preocupación para el Comité y sobre los cuales hace una serie de recomendaciones.
                   
Legislación contra la discriminación

16. A pesar de las medidas legislativas adoptadas para favorecer la no-discriminación, preocupa al Comité que el Estado Parte aún no cuente con un marco legal integral de lucha contra la discriminación que incluya todos los criterios establecidos en el Pacto (Art. 2 párr. 2).

El Comité recomienda al Estado parte que agilice la elaboración y adopción de una legislación que garantice una protección suficiente contra la discriminación de conformidad al artículo 2 del Pacto, y que incluya todos los motivos de discriminación, incluyendo cualquier otra condición social, como orientación sexual e identidad de género. En ese sentido, el Comité señala a la atención del Estado parte su Observación general Nº 20 (2009) sobre la no discriminación y los derechos económicos, sociales y culturales.

Recomendaciones de la CIDH al estado venezolano sobre derechos de personas LGBTI


Informe sobre el 154 Período de Sesiones de la CIDH


Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebró su 154º Período ordinario de Sesiones del 13 al 27 de marzo de 2015. Durante estas sesiones, la CIDH eligió a sus autoridades, y su mesa directiva quedó integrada por Rose Marie Antoine como Presidenta, James Cavallaro como Primer Vicepresidente, y José de Jesús Orozco Henríquez como Segundo Vicepresidente. La elección se realizó conforme al reglamento de la Comisión, el primer día del Período de Sesiones. Los otros Comisionados y Comisionadas miembros son: Tracy Robinson, Felipe González, Rosa María Ortiz y Paulo Vannuchi. El Secretario Ejecutivo es Emilio Álvarez Icaza L.

Durante las sesiones, la CIDH avanzó en el análisis de peticiones, casos y medidas cautelares, así como en la implementación de planes a fin de resolver el atraso procesal. También se realizaron numerosos encuentros con representantes de Estados, peticionarios, y organizaciones de la sociedad civil de la región, así como con el Secretario General electo de la OEA, Luis Almagro. La Comisión asimismo recibió a representantes del Comité de Derechos Humanos de la Liga Árabe y de la Organización de las Naciones Unidas, incluyendo a Chaloka Beyani, Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos; y a John Knox, Experto Independiente en Derechos Humanos y Medio Ambiente. En el marco de las sesiones, la CIDH presentó asimismo el informe “Derecho a la verdad en América”.
La CIDH recibió información de que las personas de algunos países han sufrido represalias y reciben amenazas por asistir a audiencias y por acudir al sistema interamericano de derechos humanos. La Comisión considera absolutamente inaceptable cualquier tipo de acción que emprenda un Estado motivada por la participación o el accionar de personas u organizaciones ante los órganos del sistema interamericano, en ejercicio de sus derechos convencionales. Tal como establece el artículo 63 del Reglamento de la CIDH, los Estados deben “otorgar las garantías pertinentes a todas las personas que concurran a una audiencia o que durante ella suministren a la Comisión informaciones, testimonios o pruebas de cualquier carácter” y no pueden “enjuiciar a los testigos ni a los peritos, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones o dictámenes rendidos ante la Comisión”.
Durante estas sesiones se celebraron 55 audiencias públicas, en las cuales se recibió información sobre casos en etapa de fondo, así como temáticas regionales de derechos humanos y diversas situaciones en 22 países. En las audiencias participaron delegaciones de 19 Estados Miembros de la OEA, así como más de 200 organizaciones de la sociedad civil y 17 instituciones académicas. También se realizaron 29 reuniones de trabajo, 20 de las cuales fueron sobre soluciones amistosas. En este informe se presenta un resumen de cada audiencia, en el orden cronológico en el que fueron realizadas. 


Caso 12.797 – Linda Loaiza López Soto y otros, Venezuela
En el transcurso de la audiencia, las partes presentaron información sobre el fondo del caso. De tal forma, Linda Loaiza López ofreció su testimonio describiendo los hechos relativos a la privación de su libertad y los graves actos de violencia sexual, física y psicológica a las cuales fue sometida por Luis Carrera Almoina. También compartió con la CIDH información sobre las numerosas barreras que enfrentó para acceder a la justicia y por qué considera que su caso permanece impune. El Estado por su parte destacó que existen dos sentencias emitidas por el poder judicial en este asunto, a la vez que destacó la independencia de dicho poder. Los representantes alegaron que el Estado Venezolano hizo todo lo que tenía que hacer para cumplir con su deber de proteger los derechos humanos en este asunto.
Situación general de derechos humanos en Venezuela
Durante la audiencia, la Comisión recibió información de la sociedad civil sobre la alegada injerencia del Poder Ejecutivo y el partido político oficialista en las instituciones del Estado, lo que tendría un impacto directo en la protección de los derechos humanos en el país. Las organizaciones destacaron la situación del Poder Judicial con relación al alto número de jueces y juezas, que según cifras oficiales, se encuentran en situación de provisionalidad. En tal sentido, las organizaciones participantes indicaron que los procesos de designación de altas autoridades del Poder Público se realizarían sin garantías suficientes para la vigencia del pluralismo, e informaron sobre hechos de persecución política. También presentaron cifras sobre casos de ejecuciones extrajudiciales, y la grave situación de impunidad en casos de violaciones de derechos humanos. Adicionalmente, la CIDH recibió denuncias sobre el incremento en la intimidación y hostigamiento hacia defensores y defensoras de derechos humanos, y en particular, a quienes acuden ante instancias internacionales, como por ejemplo las audiencias públicas en la Comisión Interamericana. Por su parte, los representantes del Estado cuestionaron la información aportada en relación con la situación de jueces y juezas provisionales, señalando que si bien la cifra es del 66%, el Estado viene realizando importantes esfuerzos para lograr su disminución. Asimismo, consideraron como un avance la instauración de la jurisdicción disciplinaria judicial en el año 2010 y destacaron que el Ministerio Público viene adelantando importantes acciones en la “lucha contra la vulneración de derechos fundamentales”. Finalmente, la Comisión recibió con preocupación información sobre la Resolución 8610 del Ministerio de la Defensa que autoriza el uso de la fuerza letal y armas de fuego en el control de manifestaciones. Según lo señalado por el Estado, la Resolución regula el uso progresivo de la fuerza cuando sea necesario el control de manifestaciones que se tornan “violentas”.
Situación de derechos humanos de las personas LGBTI en Venezuela
En relación con la situación de los derechos humanos de las personas lesbianas, gay, bisexuales y trans (LGBT) en Venezuela, las organizaciones solicitantes de la audiencia señalaron que altos funcionarios se han pronunciado públicamente de manera discriminatoria respecto de dichas personas. Según informaron las organizaciones, en Venezuela no hay reconocimiento de las familias diversas; existe discriminación en el ámbito de la salud; y no se llevan adelante investigaciones en los casos de crímenes de odio de personas LGBT, aún cuando incluyen ataques y detenciones ilegales por parte de agentes estatales. En tal sentido, destacaron que la situación de impunidad se agrava considerablemente en el caso de personas trans que ejercen trabajo sexual. En relación con la actividad de defensores, alegaron haber recibido amenazas relacionadas con el ejercicio de su defensa de personas trans, e indicaron que el Estado cierra espacios de participación a organizaciones que critican la situación de derechos de personas LGBT. Por su parte, los representantes del Estado indicaron que la discriminación contra personas LGBT es un tema cultural, y se refirieron antecedentes jurisprudenciales y medidas legislativas en garantía de los derechos de personas LGBT. Adicionalmente, indicaron que la Defensoría del Pueblo ha adoptado varias medidas en materia de capacitación de agentes estatales, aunque reconocieron que existen retos para la inclusión plena de personas LGBT. La CIDH insta al Estado a adoptar una ley de identidad de género no patologizante; a investigar con debida diligencia los delitos cometidos contra personas LGBT, y a profundizar las medidas estatales, incluyendo a través de políticas públicas en favor de personas LGBT, y sus defensores.
Situación de los derechos económicos, sociales y culturales en Venezuela
En la audiencia referida a la situación de los derechos económicos, sociales y culturales en Venezuela, los solicitantes indicaron que si bien en su momento se dio la implementación de una serie de políticas sociales (misiones), a partir del año 2012 se inició un proceso de regresión en la lucha contra la pobreza. Las organizaciones participantes sostuvieron que no se han publicado las cifras oficiales de pobreza correspondientes al año 2014, pero que el agravamiento de diferentes indicadores (inflación elevada, crisis en la prestación de servicios básicos y desabastecimiento generalizado) hace sostener que las cifras van en progresivo aumento. Asimismo informaron que se ha restringido el derecho a la educación plural y que se producen distintas violaciones al derecho de reunión pacífica, como por ejemplo el caso del estudiante Kluiverth Roa, quien según indicaron, murió por arma de fuego en una manifestación pacífica. En cuanto al derecho a la salud sostuvieron que los servicios de salud pública, de los que depende más del 60% de la población, no funcionan conforme a los estándares mínimos (deterioro de las estructuras y el desabastecimiento de insumos y medicamentos). En particular, las organizaciones participantes de la audiencia solicitaron a la Comisión que no haya hostigamiento contra defensores y defensoras, organizaciones, y contra quienes trabajan en el ámbito del derecho a la educación y la salud que están documentando y denunciando las referidas violaciones en el país. Por su parte, el Estado informó sobre las gestiones emprendidas para dar cumplimiento a los objetivos del milenio de Naciones Unidas y manifestó que, junto con otros países de América Latina, ha sido ejemplo de desarrollo social.  Adicionalmente, los representantes del Estado aseguraron que en Venezuela no hay ataques a personas y organizaciones que defienden los derechos humanos. En cuanto a las cifras presentadas con relación a la pobreza, el Estado solicitó que dichos análisis se hagan científicamente y acudiendo a la verdad, sin que esto signifique que no se haga el trabajo de alerta cuando se detecten violaciones.
Tomado de la página de la OEA