viernes, 28 de junio de 2019

A 50 años de Stonewall



50 años de Stonewall

La noche del 28 de junio de 1969, un grupo de mujeres lesbianas, hombres gays y mujeres trans, decidieron decir basta contra los abusos policiales y la extorsión a la que eran sometidos por ser homosexuales.  Ese grito para decir basta se transformó en una marcha anual desde el año 1970, que sería replicada en cientos y miles de ciudades alrededor del mundo.

Cincuenta años más tarde las razones que dieron origen a esa revuelta siguen existiendo. Hoy en día en siete países la homosexualidad es castigada con la pena de muerte y en 70 países ser homosexual sigue siendo ilegal.  
Por otro lado, en al menos 25 países las parejas homosexuales pueden legalizar su unión a través del matrimonio civil, en otras pueden hacerlo a través de una unión civil o unión de hecho. En otros tanto se prohíbe la discriminación por razón de la orientación sexual.  En algunos otros se prohíbe la discriminación por razón de identidad y expresión de género y se reconoce la identidad legal auto percibida a las personas trans e intersex, permitiéndoles así cambiar de nombre y sexo en sus documentos de identidad.

Pero aún falta mucho, por eso sigue siendo necesario salir a las calles cada 28 de junio y participar en la Marcha del Orgullo en cada ciudad o país donde nos encontremos.
Hemos logrado cambiar el mundo, poco a poco, cuando decidimos salir del closet e ir a la calle para manisfestarnos fue para nunca más volver a escondernos, porque sabemos que tenemos derechos. Tenemos derechos civiles y políticos, tenemos derechos económicos sociales y culturales. Cada uno de los 30 derechos mencionados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos pertenece por el simple hecho de ser humanos, aunque algunos pocos aún se empeñen en decir lo contrario.   

Venezuela
En Venezuela, la celebración por los 50 años de los disturbios de Stonewall nos encuentra sumidos en una terrible Emergencia Humanitaria Compleja que sin duda ha afectado a las personas LGBTI de manera diferenciada y agravada. La pre-existente situación de negación de derechos se suma la terrible situación originada en un conflicto político que ha afectado a la economía y todos los aspectos de la sociedad como la salud, la educación e inclusive la cultura.

En Venezuela aún no existe una ley que proteja a personas LGBTI de la discriminación generalizada que padecemos.  Tampoco pueden las parejas del mismo sexo legalizar y protegerse legalmente a través del matrimonio o la unión de hecho. Y las personas trans e intersex no pueden reconocer legalmente su identidad auto-percibida y cambiar su nombre, sexo y género en su documentación oficial.   

Ahora se enfrentan a la escasez de alimentos y medicamentos, a la falta de empleo, y a la imposibilidad de emprendimiento ante las múltiples dificultades económicas en el país. Toda esta situación ha obligado a las personas LGBTI a formar parte de los millones de venezolanos que se han visto forzados a emigrar, con todos los riesgos a los que se enfrentan en medio de una migración no planificada y como parte de un grupo vulnerable debido a sus características individuales. Como podemos ver hay muchas más razones para salir a marchar, a protestar y a exigir nuestros derechos.


Las marchas en Venezuela
La primera marcha en Venezuela se realizó en Caracas en 1997, una marcha nocturna en medio de muchos temores. Pero la primera gran marcha masiva se realizó en junio del 2001 con la organización de la Red GLBT, integrada en ese entonces por Alianza Lambda, Amazonas de Venezuela, Iglesia de la Comunidad Metropolitana de Venezuela, Acción Solidaria, RGV+/Red venezolana de Gente Positiva, Sociedad Wills Wilde, el Colectivo Tendencias y Unión Afirmativa de Venezuela.
Esta coalición existió hasta 2004 aproximadamente y entonces la organización de la Marcha la asumió Alianza Lambda hasta 20016 cuando se crea la organización Orgullo GLBT exclusivamente para organizar la marcha. En el camino esta organización pasa a identificarse con el gobierno de Hugo Chávez y sus políticas y, por ende, la marcha pasa a representar una parcialidad partidista, los camiones de música comienzan a mostrar imágenes de Chávez y canticos con mensajes alusivos al gobierno. En 2010, aparece otro grupo político con diferencias de intereses debido a los continuos cambios del recorrido (origen y llegada). Durante tres años seguidos hubo inclusive agresiones físicas entre activistas identificados con el gobierno con denuncias de corrupción que hicieron que las organizaciones independientes como Unión Afirmativa optaran por no participar.

En los últimos dos o tres años en las publicaciones posteriores a la marcha los titulares reseñan el “apoyo de la sexodiversidad al gobierno revolucionario”, lo cual es absolutamente falso. Muchas de las personas que marchan en Caracas o en cualquier otra ciudad en Venezuela lo hacen porque es la única oportunidad de salir a expresarse con libertad. La mayoría ni siquiera sabe que es una marcha financiada por el gobierno nacional y organizada por personas ligadas con el gobierno.

La gente tiene derecho a marchar sin que su presencia sea utilizada para mentir en favor de una parcialidad política y partidista. Este aspecto lejos de promover la unión contribuye a que se eleve el rechazo a quienes de manera deliberada los utilizan y chantajean. Pues sí, la polarización política del país penetro una lucha social contra la opresión, la extorsión y la discriminación por parte de cuerpos policiales como en Stonewall; a ser extorsionados y chantajeados por personajes que son parte del gobierno que oprime a través de la negación de derechos humanos.

Viejos vicios
El gobierno de Chávez y Maduro se han caracterizado por llevar a cabo el conocido pink-washing, apoyo propagandístico, sin acciones afirmativas concretas. Nada de políticas públicas, ni planes, ni medidas, negar esta realidad es seguir en el juego partidista. Discurso que es repetido por algunos activistas políticos que les siguen el juego.     

Nuevos caminos

Las marchas tienen que volver a ser una iniciativa social de las organizaciones desligadas del gobierno de turno, pero si acompañadas por las instituciones del Estado. Dicho acompañamiento y apoyo deben ser en la práctica con el correspondiente reconocimiento de derechos. No como una estrategia publicitaria o de propaganda para decirse inclusivos mientras que se siguen negando derechos.

En algunos países como EEUU y Canadá las marchas se han convertido en fiestas, en otros países como Rusia y otros en el continente africano son lugares para la persecución a personas LGBTI. En otros como en Venezuela son espacios que generan sentimientos encontrados entre el deseo a ser libre aunque sea por unas horas, la frustración de no haber logrado aún nuestros derechos y el secuestro de la marcha y nuestra presencia para favorecer una parcialidad política opresora. Es como si estuviésemos traicionando el espíritu inicial de Stonewall, la lucha contra el opresor.

Vendrán mejores tiempos en los que nos encontremos con funcionarios públicos conscientes de su responsabilidad para con el cumplimiento de la ley y los estándares internacionales en Derechos Humanos en Venezuela. Mientras tanto seguimos trabajando todos los días por el derecho a la igualdad y el derecho a la no discriminación debido a nuestra orientación sexual, identidad o expresión de género.  
  



domingo, 16 de junio de 2019

Mis reflexiones sobre el informe Homofobia de Estado 2019 de ILGA


Mis reflexiones sobre la mención de Venezuela en el
Informe Homofobia de Estado de ILGA 2019

En el más reciente informe titulado Homofobia de Estado de la International Lesbian and Gay Association/ ILGA, se menciona a Venezuela de la siguiente manera: (los números se refieren a la referencia en el informe original, que aparecen al final del extracto)

En relación con la República Bolivariana de Venezuela el panorama político, social y económico presenta una gran complejidad.75 Actualmente se combinan los escasos avances en materia legislativa con un ataque político internacional al país sin precedentes, un virtual bloqueo económico y financiero que dificulta el acceso a bienes y servicios básicos a la población,76 y un fenómeno migratorio muy importante. Los avances en este país en relación con la cuestión LGBTI en los últimos dos años se dieron en el campo de las políticas sociales universales —misiones sociales— que en ese contexto cobran una mayor importancia,77 por el inicio de la discusión del derecho al matrimonio igualitario en la Asamblea Nacional Constituyente78 y con la apertura de una política pública en la Alcaldía de Caracas.79
75 Alejandro Fierro, “Venezuela entre legalidad y legitimidad”, Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), 10 de enero de 2019.
76 Alfredo Serrano Mancilla, “Sabotaje económico a Venezuela” Página/12, 7 de enero de 2018.
77 La Fundación Base Lésbica Venezuela en una entrevista con el autor declaró que el Consejo Presidencial del Poder Popular para la Sexodiversidad (Decreto No. 2161/2015) en articulación con el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Equidad de Género y el Ministerio del Poder Popular para las Comunas favorecen la transversalización de las diferentes políticas sociales para que también lleguen a las personas LGBTI.
78 “ANC abre debate sobre derechos civiles de la comunidad sexo género diversa en Venezuela”, Ciudad CCS, 18 de octubre de 2018.
79 En un acto presidido por la alcaldesa Érika Farías se proclamaron ordenanzas para la creación de una oficina para asuntos LGBT y se instituyó el mes de junio como Mes de la Rebelión de la Diversidad Sexual. Véase: “Gaceta Municipal en pro de la Sexodiversidad”, Ciudad CCS, 1 de junio de 2018. [1]

Me di a la tarea de investigar cada una de las referencias mencionadas en el informe y pude corroborar que ninguna de las fuentes citadas puede ser considerada como fuentes confiables e independientes cuando todas de alguna manera u otra han estado vinculadas a los gobiernos venezolanos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

¿Por qué ILGA,  una organización con Estatus Consultivo en Naciones Unidas opta por citar como fuente para su informe solo fuentes ligadas con el Estado o gobierno al cual se está investigando sobre su cumplimiento de derechos humanos?

Yo envié a través del correo que se publicó y a la persona indicada “Lucas Ramón Mendos” Senior Research Officer a nivel mundial de ILGA y autor del nuevo Informe 2019, el informe más reciente de Unión Afirmativa. Nuevamente me pregunto ¿Por qué se decide ignorar el informe que yo envié? Aunque si esta mencionado en el apartado sobre las acciones de la CIDH. Pregunto de nuevo: ¿porque se obvio ese informe? Acá realmente necesito tener una explicación.

Pero, supongamos por un momento que se duda de la información enviada por Unión Afirmativa, organización que represento, por razones XXX que me gustaría saber.  

Se pudo haber optado por revisar los informes de país elaborados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se pudo haber optado por los dos informes publicados por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en los que se menciona el origen y desarrollo de la crisis política, social y económica en Venezuela. Ahí reposan los informes de más de 150 organizaciones independientes venezolanas sobre la situación de Venezuela, la cual hoy en día ya es calificada como una Emergencia Humanitaria compleja  de origen político.

Analizo una a una las afirmaciones que se hacen en el informe:

A)   En relación con la República Bolivariana de Venezuela el panorama político, social y económico presenta una gran complejidad. 75 Referencia Alejandro Fierro, “Venezuela entre legalidad y legitimidad”, Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), 10 de enero de 2019.

Alejandro Fierro se identifica como investigador de GIS XXI una encuestadora propiedad de Jesse Chacón, quien fue ministro de Chávez durante muchos años. Fierro también es analista de Telesur, un canal de Televisión creado por Hugo Chávez.

En efecto, Venezuela atraviesa un panorama politico, social y economico de gran complejidad, pero que fue creado por Nicolas Maduro y las instituciones del Estado que se han alineado a sus políticas y medidas, lo que representa un quiebre en la separación de poderes, la no existencia de un Estado de Derecho y la obediencia total de las instituciones a Maduro. A través de leyes de emergencia, decretos y sentencias judiciales amanadas; la creación de la Asamblea Nacional Constituyente de manera ilegal, adelanto de elecciones presidenciales, persecusion y asedio a la Asamblea Nacional y sus diputados, se han desmantelado todas las instituciones del Estado.

B)  Actualmente se combinan los escasos avances en materia legislativa con un ataque político internacional al país sin precedentes, un virtual bloqueo económico y financiero que dificulta el acceso a bienes y servicios básicos a la población. 76. Referencia Alfredo Serrano Mancilla, “Sabotaje económico a Venezuela” Página/12, 7 de enero de 2018.

Alfredo Serrano Mancilla[2], es creador fundador del CELAG, quien tiene un largo historial en sus relaciones con el  gobierno de Hugo Chávez y con Nicolás Maduro como asesor económico y receptor de donaciones para publicación de sus libros por instituciones propiedad del Estado venezolano.
Si, en efecto hay tan pocos avances legislativos que es mejor decir que no hay ninguno porque es la pura verdad. Ahora, estos nulos avances son achacables al mismo partido de gobierno que estuvo al frente de la Asamblea Nacional con mayoría absoluta para legislar a favor de todos los grupos vulnerables, como en efecto lo hicieron, excepto a favor de personas LGBTI.  

"Un virtual bloqueo económico y financiero que dificulta el acceso a bienes" No, lo que ha estado sucediendo en Venezuela es la aplicación de sanciones por parte de varios países como EEUU, Canada y algunos otros miembros de la Unión Europea a individuos relacionados con el gobierno e identificados como corruptos, violadores de derechos humanos o testaferros de gente del gobierno.

La disminución de la oferta de bienes y servicios a la población es consecuencia de las políticas deliberadas del gobierno en los montos asignados para importar insumos necesarios para producir, la disminución en la inversión, el pago a empresas farmacéuticas, expropiación de empresas y posterior abandono de loas mismas, y una larga lista de recortes como en la compra de antiretrovirales. Por decisión del gobierno, de Maduro, porque se desviaron los recursos o porque se los robaron. 

Tenemos deficiencia o ausencia de servicios básicos como electricidad, agua, telefonía, internet, transporte, gas, gasolina entre otros porque en lugar de invertir en modernización y mantenimiento se robaron el dinero, si recuerdan el escándalo de Odebrecht, Venezuela ni siquiera ha iniciado un proceso de investigación al respecto. Tenemos los hospitales sin insumos, sin maquinarias, por la misma razón, la corrupción. Se han ido los profesionales de la educación y la salud porque los sueldos y salarios no alcanzan debido a la hiperinflacion permanente desde hace tres anos.

Todo esta crisis fue disenada y creada por el gobierno chavista de Maduro. Si, es cierto estamos en una Emergencia Humanitaria compleja originada a partir de un conflicto político con un único responsable: el gobierno nacional en la figura de Chavez y Maduro.  

C)     Los avances en este país en relación con la cuestión LGBTI en los últimos dos años se dieron en el campo de las políticas sociales universales —misiones sociales— que en ese contexto cobran una mayor importancia,77. Referencia La Fundación Base Lésbica Venezuela en una entrevista con el autor declaró que el Consejo Presidencial del Poder Popular para la Sexodiversidad (Decreto No. 2161/2015) en articulación con el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Equidad de Género y el Ministerio del Poder Popular para las Comunas favorecen la transversalización de las diferentes políticas sociales para que también lleguen a las personas LGBTI.

Fundación Base Lésbica, es una organización que desde su fundación en 2010 es integrante de la coalición de partidos políticos y movimientos sociales del Gran Polo Patriótico, y cuya directora Ingrid Barón fue designada por Nicolás Maduro como presidenta de la Comisión Presidencial para la “sexodiversidad” en 2015.

Pero además, actualmente, es la Secretaria de ILGALAC. 

La afiliación de Ingrid Barón con el gobierno de Chávez y Maduro es fácil de verificar, puesto que además ha sido candidata en varios procesos electorales locales y nacionales con apoyo de la coalición de partidos políticos del gobierno. 

Pero además leo en la referencia identificada con el número 77, se especifica y resalto:  “77 La Fundación Base Lésbica Venezuela en una entrevista con el autor declaró…” Es decir, que hubo tiempo suficiente para contactar a algún miembro de la Fundación”. ¿Por qué no hubo tiempo para escribir un correo a Unión Afirmativa e indagar sobre algún tema en particular. ¿Cómo es que tiene más validez la conversación con una Fundación y no un informe escrito producto de un trabajo de investigación.  

Seguidamente, la misma referencia dice: “el Consejo Presidencial del Poder Popular para la Sexodiversidad (Decreto No. 2161/2015) en articulación con el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Equidad de Género y el Ministerio del Poder Popular para las Comunas favorecen la transversalización de las diferentes políticas sociales para que también lleguen a las personas LGBTI”.

Acá me pregunto: ¿Cuáles avances? ¿Cuáles políticas sociales? Bien, hablemos de las “políticas sociales”, de las misiones y los ministerios y las personas LGBTI, ¿Cuáles misiones? En el informe que enviamos a ILGA se menciona que dos de las medidas implementadas por Nicolás Maduro. Una fue para tratar de resolver el problema de la escasez y desabastecimiento de medicamentos, alimentos y productos en general fue la obligación a los locales comerciales de instalación de máquinas lectoras biométricas. Esta medida afecto particularmente a las personas trans debido a la incongruencia entre su documento de identidad y su apariencia física, porque este mismo gobierno no ha permitido que ninguna personas trans cambie su nombre en sus documentos de identidad, a pesar de que la ley asi lo establece, por pura homofobia de Estado. 
La segunda medida fue la creación de los Comités locales de abastecimiento y Producción CLAP, que consiste en la venta de bolsas con algunos productos alimenticios básicos (arroz, pasta, aceite, harina) a través de los consejos comunales. Para poder comprar dicha bolsa debe cumplirse con dos requisitos, llenar un censo casa por casa y tener el carnet de la patria. Esta medida afecto a las parejas del mismo sexo quienes no eran censadas por no ser consideradas familias, porque este gobierno no ha respondido las muchas solicitudes de las organizaciones de DDHH de LGBTI. Por lo tanto, no podían realizar la compra de la bolsa o caja clap.  

Las “políticas sociales” del gobierno han fracasado y el mejor ejemplo es la declaración de la Emergencia Humanitaria Compleja por parte de Naciones Unidas en varios informes, así como de la CIDH. De haber sido una gestión con políticas sociales al servicio de la ciudadanía no habrían huido del país cuatro millones de venezolanas y venezolanos. Esta Emergencia ya ha sido reconocida por el gobierno al aceptar la ayuda humanitaria de la cruz roja y de Naciones Unidas y de sus países aliados como Rusia y China.

Y no, el fracaso del gobierno y sus políticas sociales no es por culpa de la persecución política internacional, ni por la guerra económica, ya se los explico más adelante. 

D)     “…Por el inicio de la discusión del derecho al matrimonio igualitario en la Asamblea Nacional Constituyente 78. Referencia “ANC abre debate sobre derechos civiles de la comunidad sexo género diversa en Venezuela”, Ciudad CCS, 18 de octubre de 2018.

Ciudad Caracas es un diario local de publicación gratuita y totalmente financiada y dependiente de la Alcaldía de Caracas bajo una administración afecta a Hugo Chávez desde hace más de 15 años.

En la referencia identificada con el número 78 se explica y resalto: “ANC abre debate sobre derechos civiles de la comunidad sexo género diversa en Venezuela”.

Les explico, la Asamblea Nacional Constituyente es una institución que carece de legitimidad de origen que no es reconocida en el país y en al menos otros 60 países. Es una institución elegida en condiciones de ilegalidad, en la que solo participaron y ganaron candidatos pertenecientes a partidos políticos cercanos al gobierno de Maduro. El principal vocero y encargado de la redacción de una nueva Constitución desde hace dos años, el abogado Hermann Escarra declaro públicamente que jamás apoyaría una iniciativa para legalizar el matrimonio igualitario. Quienes forman parte de la ANC son los mismos que fueron diputados durante más de 15 años en la Asamblea Nacional y que jamás respondieron a las demandas legales de las personas LGBTI.

E)    y con la apertura de una política pública en la Alcaldía de Caracas.79 Referencia En un acto presidido por la alcaldesa Érika Farías se proclamaron ordenanzas para la creación de una oficina para asuntos LGBT y se instituyó el mes de junio como Mes de la Rebelión de la Diversidad Sexual. Véase: “Gaceta Municipal en pro de la Sexodiversidad”, Ciudad CCS, 1 de junio de 2018

En el punto anterior les hable del diario ciudad Caracas, no hay necesidad de ahondar en eso. Hablemos de la Alcaldía de Caracas y la oficina de la Sexo Diversidad.

La creación de una oficina de una Alcaldía que solo se limita a hacer conversatorios y shows drags con cantantes fonomimicos no puede calificar como una política pública. Hace falta mucho más que meras declaraciones y actos públicos, se necesitan programas de inclusión concretos con resultados en la práctica. 

“Las políticas públicas son acciones de gobierno con objetivos de interés público que surgen de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, para la atención efectiva de problemas públicos específicos, en donde participa la ciudadanía en la definición de problemas y soluciones”

Ese proceso de diagnóstico y de análisis no se ha hecho y mucho menos se ha llevado a cabo una consulta porque este es un gobierno que no consulta sino a quienes pertenecen a sus círculos de confianza, es decir, entre ellos mismos, porque no son un gobierno verdaderamente inclusivo.

Ahora bien, en Venezuela no existen leyes que protejan a personas LGBTI por decisión deliberada de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Este último además ha utilizado la homosexualidad para atacar al oponente político de turno y a todo quien se le oponga, convirtiéndose en un discurso de odio que ha exacerbado el rechazo a las personas LGBTI en el país. Ambas gestiones permitieron que Venezuela este ubicado como el cuarto país con mayor número de crímenes de odio en América según el Observatorio de Personas Trans Asesinadas, con sede en Viena.
Como un dato adicional, en febrero de 2011, mientras Nicolas Maduro era Ministro de Relaciones Exteriores, Venezuela votó en contra de reconocer el estatus de organización consultiva a ILGA en el comité de ONG de ECOSOC. No me digan a mi que vivo en Venezuela, y hago activismo en el país que Maduro lidera un gobierno inclusivo para las personas LGBTI. Desde 2015, he estado documentando la homofobia de Estado y la complicidad de las personas en organizaciones financiadas por el propio gobierno de Maduro. 

Desde el año 1999 y hasta 2015 muchas y diferentes organizaciones acudieron a la Asamblea Nacional para entregar solicitudes para legislar en favor de personas LGBTI, ninguna solicitud fue respondida.  Adicionalmente, cualquier iniciativa legal era cuidadosamente examinada para evitar la mención expresa de las personas LGBTI, tal es el caso de la ley contra la discriminación racial y la ley para la protección de las personas que viven con VIH y sus familiares, entre otras leyes.

Nada de eso existe, y la razón para que no existan no tiene nada que ver con la situación actual del país. Por el contrario, las condiciones del país han agravado la situación pre-existente de discriminación y negación de derechos a personas LGBTI. Y la actual situación de emergencia, fue creada por el gobierno de Nicolás Maduro. De tal manera que es inaceptable incluir en un informe una falacia creada por el gobierno y sus asesores de que lo que vivimos en Venezuela es culpa de un acoso político y un bloqueo económico o guerra económica.

Varios Estados como Canadá, Estados Unidos y los países miembros de la Unión Europea impusieron sanciones individuales a funcionarios del gobierno y colaboradores que han sido identificados como corruptos y violadores de derechos Humanos. Repito, son sanciones a individuos vinculados con el gobierno. 

La debacle económica y social es el resultado de una manejo discreto de los dineros de los venezolanos por parte de un grupo de individuos afiliados parea gobernar, conformada por ministros y funcionarios corruptos sin control alguno. Así como la política de discriminación, expropiación y múltiples violaciones a las leyes por parte de quienes deben hacerla cumplir.  

Por lo tanto, rechazo la publicación de ese extracto sobre Venezuela en el informe Homofobia de Estado de ILGA porque me ofende como venezolana, como activista y defensora de derechos humanos y me siento profundamente indignada.

Quiteria Franco es una defensora de derechos humanos que no forma parte de ningún partido político ni es seguidora de ideologías religiosas, filosóficas o alguna otra de ningún tipo.