Al igual que al Profesor Jesús Ravelo hace ya 10 años, el Profesor Enrique Planchard
me negó el derecho de palabra ante el Consejo Directivo (CD) solicitado en dos ocasiones. En su lugar fui convocada a una reunión en su despacho el día miércoles 20 de junio.
La reunión comenzó puntual a las 11 de la mañana del día de hoy en la
oficina del rector.
Ratifico mi solicitud de derecho
de palabra ante el Consejo Directivo de la USB
Mi intención era ratificar mi solicitud
de derecho de la palabra ante el Consejo Directivo de la Universidad Simón Bolívar,
la cual solicité en noviembre de 2017 e hice nuevamente en el presente mes. Esta
solicitud fue apoyada por el Profesor William Anseume, representante profesoral
ante el CD.
Le expliqué que el propósito era presentar
una propuesta ante el CD con el fin de prevenir los actos de discriminación por
orientación sexual en la USB, tomando como ejemplo lo sucedido en mi caso. Adicionalmente,
solicitar se permita a los profesores, empleados y trabajadores la inclusión de
su pareja o conyugue del mismo sexo en el seguro social,
o plan de salud, tal como lo hacen las parejas de distinto sexo.
Luego de mencionar el primer punto, me dice que el CD había decidido negar
mi derecho de palabra por no haber agotado los canales regulares. Primera
información falsa (mentira) el CD no otorga derechos de palabra, esa es una
facultad que otorga únicamente el rector de la USB, es decir, el presidente del
CD. Segunda mentira, se cumplieron todos los pasos regulares. Mi caso fue
planteado primeramente a la jefa de departamento de idiomas, luego a la jefa de
división de ciencias y humanidades, a la asociación de profesores, al secretario
y al vicerrector académico y nunca recibí respuesta.
Mi primera propuesta
Le menciono que en las comunicaciones que le he enviado, está la propuesta
concreta de sustituir el texto que acompaña a los avisos de convocatoria a
concursos para profesores, el cual es discriminatorio y fue el que se utilizó para
descalificarme como concursante. Que
cito a continuación: “se espera que el personal contratado forme parte de la
generación de relevo” Más recientemente
se agregó: “no tener más de 15 años de trabajo en la administración pública”. Sustituirlo
por: IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO: la Universidad Simón Bolívar ofrece igualdad de
oportunidades, trato justo y equitativo en el empleo a todas las personas sin
distinción de raza, color, religión, sexo, nacionalidad, edad, discapacidad,
afiliación política, estado civil, orientación sexual, identidad y expresión
de género.
Rector niega discriminación
por orientación sexual pero admite discriminación por edad. Y confiesa la
aplicación de discriminación por razón de género.
A eso me respondió, que según la información que el maneja mi caso no hubo
discriminación por mi orientación sexual si no por mi edad, como que si eso lo
hiciera menos grave. Pero claro, muy pocas personas admiten ser homofobas, y siempre
negarán que su actuación esté motivada por sus prejuicios o por su homofobia. Pero que además porque yo ya tenía 15 años de
servicio en la USB.
Seguidamente, le recordé que le envié varias comunicaciones a su correo y
jamás recibí respuesta. Qué si al menos las leyó debe saber que mi caso está
más que documentado y comprobado como un caso de discriminación, que a mi
parecer, está motivado por mi orientación sexual, que además proviene de una
persona de religión evangélica.
Adicionalmente, le expresé que era absurdo que a mí, se me castigara por tener 15 años en la USB y
además por mi edad, en lugar de premiarme por mis años de servicio en la misma
universidad. Esto luego de su
explicación sobre cómo ya ha sucedido con personas que ganan concursos y luego
de cinco años se jubilan. Pero yo no
venía de otra universidad, todo ese tiempo se lo había dedicado a la USB.
Pero además este argumento, tampoco es válido en mi caso, ni para el
departamento en el que laboro, pues ya en el año 2007 en el segundo concurso en
el que participé se había declarado ganadora a una personas mucho mayor que yo
en edad y con 22 años de servicio como docente en la UCV. Y ese argumento no se
utilizó en ese entonces. Lo que hace presumir que es una decisión subjetiva. De
allí que su amplitud y ligereza permita la discriminación por cualquier razón.
Se buscan mecanismos que
impidan la renuncia masiva de profesores
En medio de la conversación, el rector me comenta los negativo que resulta
para la universidad contratar a personas con las características antes
mencionadas; pero además menciona el caso de las mujeres, que se casan y salen
embarazadas y hay que cubrirles todos los gastos de maternidad, entre otras
cosas. Más machismo. Porque no es suficiente
discriminar por edad, se discrimina también por género.
Continúa el rector y comenta que están buscando la manera de ofrecer otros
beneficios económicos y/o sociales para tratar de retener al personal docente.
Entonces la comento sobre mi segunda propuesta.
Mi segunda propuesta
Esta segunda propuesta consiste que se permita a los profesores con parejas
del mismo sexo incluir a su pareja en el seguro médico. Eso
hace que el profesor se sienta respetado no solo como profesional sino
como un ser humano integral.
Me comenta entonces que él, a partir de mi comunicación, hizo la consulta
sobre “ese asunto” en la consultoría jurídica, que debe presentarse un documento
que acredita que existe tal relación, como matrimonio, concubinato o relación de hecho. Según relató,
los abogados le dijeron que eso no es posible, porque esas relaciones en Venezuela
no son reconocidas legalmente; y que, además, tienen que ser relaciones algo
sólidas y duraderas (prejuicio/homofobia).
Ante este comentario, le digo, que es cierto, debe haber un documento que
demuestre la relación de pareja. Pero que eso de que debe ser una relación
estable y duradera es absurdo porque eso nadie lo sabe, que a las parejas
heterosexuales nadie les exige ese requisito, que además es absurdo, porque
nadie sabe si una pareja es para toda la vida o no. Que las parejas
heterosexuales también se divorcian.
Le recuerdo entonces el caso del profesor Jesús Ravelo, quien se casó en
Holanda y regresó con su certificado de matrimonio, solicitó la inclusión de su
esposo en el seguro y se le negó la
solicitud, así como se le negó el derecho de palabra que solicitó.
Para complementar la explicación le digo, esa es una medida administrativa
que solo requiere de voluntad por parte de las autoridades. Está apegada al
principio de igualdad y no discriminación y respaldada por la garantía de los
derechos humanos; qué él debe conocer muy bien porque en el comunicado sobre
los derechos laborales publicados por la USB se apelaba a estos DDHH.
Agrego además a mis argumentos, que ya existen empresas en Venezuela que
reconocen las parejas del mismo sexo y han incluido a sus conyugues en el seguro
médico y han otorgado otros beneficios. Que la universidad puede hacer lo mismo
porque su estructura y funcionamiento son similares a la de una empresa privada.
Le mencioné el nombre de estas empresas, todas transnacionales. Entonces, para
cerrar con broche de oro, dice “pero fíjese
que todas son empresas transnacionales y
tienen otra cultura”. Por supuesto, no podía faltar el elemento cultural.
Mi conclusión
La reunión duró 30 minutos, conversamos sobre otros temas que prefiero
reservarme por considerarlos irrelevantes e impertinentes.
Estamos en presencia de una persona profundamente machista, homofoba, que
se cuida mucho de no discriminar pero igual lo hace, de hecho, al incurrir en la
negación de un derecho de palabra, negación
de la existencia de discriminación y ninguna disposición a rectificar. Muy
similar a quienes nos gobiernan. Es que en estos asuntos, todos actúan de la
misma manera. Se parecen igualitos cómo diría un personaje cómico de la
televisión venezolana.
